Abril 20, 2017 | Xalapa, Veracruz
La sentencia es una declaración de la autoridad jurisdiccional, donde interpreta y construye argumentos para garantizar el estado de derecho de la sociedad y, desde luego, el ejercicio y disfrute de sus garantías. Es un instrumento jurídico que asegura la sobrevivencia del régimen democrático de los Estados, cuyo fin es salvaguardar los principios de libertad, fraternidad, igualdad, seguridad jurídica y legalidad.
Los sistemas judiciales deben ser objetivos, eficientes y confiables, pues solo de esta forma, se garantiza un efectivo estado de derecho. Por ello los procesos de democratización exigen hoy que se replanten las formas de emitir las decisiones judiciales.
Las resoluciones judiciales deben cambiar su estilo de escritura para cubrir las necesidades actuales, su construcción debe romper con la formalidad e innovar desde su estructura hasta los razonamientos que la integran. La transición del país, exige modernizar los instrumentos de decisión jurídica para que las y los ciudadanos puedan entenderlas, ya que esto da pie a una democracia que promueve la confianza de las personas en las instituciones encargadas de resolver los conflictos de la sociedad.
En ese sentido, la construcción de las sentencias debe considerar los siguientes principios, mismos que retomo de la propuesta de la Dra. Piedad García en la construcción de normas jurídicas:
a. Claridad en el lenguaje
- Clara: de fácil comprensión
- Sencilla: concisa, sin elementos redundantes
- Precisa: que no deje lugar a dudas en el lector que ha de cumplirla o aplicarla
- Coherente: deben utilizarse los mismos términos para expresar los mismos conceptos y no debe haber contradicciones
- Comprensible
- Desarrollar argumentos que expliquen las normas imprecisas o de difícil comprensión
- Sencillez en la redacción
- Lenguaje no sexista
Considero que hoy no podemos concebir una sentencia que no atienda al derecho de entender de las personas, que no garantice seguridad jurídica, que no observe las condiciones actuales del estado y la necesidad de una aplicación de justicia razonable y proporcional.
Creo que las autoridades electorales estamos comprometidas a un cambio ante la ciudadanía, por ello debemos asegurar como piso mínimo, que el modelo de construcción de sentencias garantice que sean claras, precisas, objetivas y tengan bien definidos sus alcances.
La elaboración de una sentencia oscura, imprecisa, vaga y con un lenguaje jurídico, excesivamente técnico y arcaico, lesiona de forma grave el derecho de las y los ciudadanos a gozar de seguridad jurídica, de legalidad y de un trato igualitario. Colocarlos en un estado de indefensión podría inclusive poner en duda la constitucionalidad del acto.
Los ciudadanos esperan que una sentencia les proporcione certeza de la situación jurídica que enfrentan y las consecuencias que traerá la decisión del juez. Esta claridad normativa y de lenguaje protege sus derechos humanos.
Considerando la garantía de legalidad, las sentencias, como actos de molestia, deben estar motivadas y fundadas. Ello se materializa, cuando las resoluciones judiciales son claras, sencillas y cuentan con una adecuada redacción.
La igualdad de acceso a la justicia, se niega cuando una sentencia no es clara o entendible y por el contrario es oscura, o se emplean tecnicismos arcaicos, pues el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia de todas las personas en los mismos términos.
Una sentencia debe procurar claridad en el lenguaje, claridad normativa, eliminación de tecnicismos, el empleo de términos sencillos y un breve y claro desarrollo de los argumentos. Un sistema de construcción de sentencias que siga estos ejes rectores, asegura que las y los ciudadanos comprendan la decisión del juez y se garantice su seguridad jurídica.
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