Los
datos biométricos y el futuro de nuestras elecciones
Marzo 26, 2020 | Xalapa, Veracruz
Juan
Manuel Vázquez Barajas
La
pandemia del coronavirus tomó de sorpresa a nuestro vecino del norte en un
momento poco oportuno, durante pleno proceso electoral. Dado que en el sistema
estadounidense, cada estado decide la fecha en la que llevará a cabo las
votaciones, varios han tenido que posponer sus comicios o recaer en el envío de
boletas por correo. Si bien estas medidas pueden servir en el corto plazo, la
situación nos hace ver la importancia de transitar hacia mecanismos de votación
remota, accesible y digital en el siglo XXI.
Este
modelo permitiría que emitir un voto fuese tan fácil como enviar una
transferencia electrónica. De hecho, el proceso podría ser bastante parecido.
Una de las condiciones indispensables para que ello suceda sería garantizar el
principio de: una persona, un voto. Como ejemplo, los bancos utilizan datos
biométricos (típicamente una huella dactilar) para corroborar la identidad de
un usuario. De la misma forma, nuestras autoridades electorales podrían usar
mecanismos análogos para corroborar la identidad de un votante y detectar
instancias irregulares con mayor trazabilidad.
Todo
ello es posible con el uso de tecnología ya existente[1].
La
implementación de una votación digital remota requiere que la sociedad mexicana
aborde una discusión acerca del derecho a la identidad y de la gestión de
nuestros datos biométricos. Actualmente, el estado mexicano ha relegado esta
cuestión desde la Ley General de Población de 1992, donde en el transitorio
cuarto se establece que la credencial para votar serviría como mecanismo de
identidad temporal. El plan original contemplaba la creación de una cédula de
identificación ciudadana, que a la fecha sigue sin existir[2].
Por
consecuencia, ha recaído en el Instituto Nacional Electoral la responsabilidad
de gestionar la expedición de la única identificación oficial gratuita en
México. Actualmente, el INE cuenta con la mayor concentración de datos
biométricos para la creación de nuestro padrón electoral. Sin embargo, dicha
política implica que el Estado mexicano no ha garantizado el derecho a la
identidad de forma universal, ya que deja fuera la expedición de documentos
para menores de edad.
Soy de
la opinión que debemos generar una política que no solo universalice dicho
derecho de una vez por todas, sino que también empodere al ciudadano,
volviéndolo en usuario propietario y activo. El uso de datos biométricos para
la emisión del voto requiere de gran responsabilidad y compromiso por parte del
Estado, ya que reafirma su papel de salvaguarda y garante de derechos.
Considero
que la mejor forma de llevar a cabo este mecanismo es siempre a través de la
transparencia y la apertura gubernamental. Las autoridades deben ser capaces de
generar mecanismos que faciliten la interacción de los usuarios y garanticen su
acceso a la información. En materia electoral, esto se podría lograr con que
cada mexicana y mexicano sea capaz de revisar su historial de votación, todo
mediante el uso de una cuenta accesible por internet en el dispositivo
electrónico de su preferencia.
Puesto
en práctica, podemos imaginar cómo esto podría transformar la forma en la que
operarían nuestras casillas. Principalmente, tendría el potencial de aliviar el
flujo de votantes, así reduciendo el costo operativo de estas. De igual forma,
se puede contar con la instalación de lectores de datos biométricos, que serían
capaces de registrar cuando alguien emite un voto y detectar intentos de
votación múltiple de forma instantánea.
Para
que esto sea posible, ni siquiera es necesario generar grandes cambios en la
legislación actual, ya que podría ser el propio INE quien gestione dicho
proceso. Sin embargo, considero que lo correcto es resolver el pendiente de la
Ley General de Población y continuar con la creación de un órgano público cuya
misión sea la recolección, resguardo y gestión de los datos biométricos de las
y los mexicanos.
Es
imperativo que fortalezcamos todas las ramas de nuestro sector público para que
este sea capaz de una coordinación eficaz y así garantizar los derechos de todos.
Una gestión transparente y responsable no solo tiene el potencial de facilitar
la participación ciudadana, sino de fomentar la propia confianza hacia las
instituciones públicas. Este no solo es un reto para la autoridad electoral,
sino para el gobierno en sí.
Una
democracia sin confianza está destinada al fracaso. Conforme los ciudadanos
confíen en que sus autoridades actúan de forma responsable y en servicio al
interés público, habrá mayor apertura y disposición para la cooperación. Es
hora que asumamos los retos del futuro como las oportunidades que son.
Fortalecer nuestro sistema democrático requiere que reafirmemos nuestro
compromiso con sus ideales, poniendo al ciudadano al centro de las políticas y
decisiones públicas.
[1] Cabe mencionar que dadas las limitantes
con las que cuentan gran parte de la población, estos mecanismos deben verse
como complementarios a la infraestructura electoral existente. De otra manera,
se estaría restringiendo un derecho fundamental a un grupo socioeconómico
privilegiado.
[2] Es importante notar que el gobierno
federal actual ha asumido el compromiso de dar cumplimiento a este pendiente
durante el sexenio en curso.
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