Junio 19, 2020 I Xalapa, Veracruz
Voto
concurrente que presenta el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas
respecto del proyecto de acuerdo que emite el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que resuelve la
solicitud formal de registro como partido político local, presentada por organizaciones
ciudadanas.
I.
Introducción
De conformidad con lo establecido en los artículos
1, 2, 99, 100, 102, 108 fracción VII y 110, del Código Electoral para el Estado
de Veracruz y 43, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (Oplev), emito el
presente voto concurrente bajo las siguientes consideraciones.
El 19 de junio de 2020, se presentó en sesión
extraordinaria en el orden del día, el proyecto de acuerdo que emite el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
que se resuelve sobre la solicitud formal de registro como partido político
local, presentada por organizaciones ciudadanas.
Bajo ese escenario, estimo prudente precisar en este
documento el razonamiento de mi votación concurrente en favor de la solicitud
de registro de partido político, desde mi perspectiva, ello salvaguarda el
derecho de asociación a la luz del principio pro persona de la organización involucrada, pues toda autoridad en
México debe interpretar las leyes en favor de las personas, se debe maximizar
el derecho de asociación política y pugnar por un sistema de partidos políticos
plural y competitivo.
Por lo anterior, emito el presente voto concurrente,
en donde expongo las razones que sustentan mi consideración en el registro de
partidos políticos locales, bajo la tutela de los derechos
políticos-electorales y en concordancia con una visión amplia de derechos
humanos y al constitucionalismo garantista.
II. Marco
teórico conceptual
a.
El principio pro persona en México
La reforma constitucional de 2011, en materia de
derechos humanos marcó un antes y un después en el actuar del poder público, toda
vez que en el artículo primero se fijó que todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Además, obligó a las diversas autoridades a
promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán
acorde con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia,
interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el
expediente 912/2010 denominó principio pro
persona.
El principio pro
persona significa, que cuando exista conflicto entre dos disposiciones
normativas – internacionales, nacionales o entre ambas– las autoridades del
Estado mexicano tienen que preferir la que mejor proteja los derechos de las
personas y hacer una interpretación de la ley bajo una perspectiva garantista
para favorecer la protección más amplia.
En ese sentido, la reforma de 2011 y los criterios
de la SCJN transformaron de fondo las reglas para emitir un acto de autoridad,
al exigir que deben superar tanto el control de constitucionalidad como el
control de convencionalidad. Sobre el primero, tenemos que es un examen que
corrobora la regularidad de las leyes y actos de autoridad con el contenido de
la Carta Magna, mismo que está a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y el TEPJF. Por su parte, el control de convencionalidad revisa y
compara si un determinado acto u ordenamiento interno acata la Convención
Americana de Derechos Humanos.
b. Derecho de asociación política en México.
El derecho de asociación política se contempla en
los artículos 9 y 35, fracción III de la misma constitución, se caracteriza
como la libertad de la ciudadanía para reunirse y tomar parte de los asuntos
políticos del país, siempre que tenga un objeto lícito y sea de forma pacífica.
De manera análoga, la Constitución Política del Estado de Veracruz, estipula en
su artículo 15, que es un derecho de la ciudadanía veracruzana afiliarse
libremente a los partidos u organizaciones políticas.
El derecho de asociación ha permitido a la
ciudadanía agrupar personas con intereses afines para participar en la vida
democrática del país, bajo la figura de partidos políticos. Las organizaciones
referidas se consideran como entidades de interés público, cuya finalidad es
promover la participación de la ciudadanía en el espacio público y contribuir
en la integración de los órganos de representación, lo anterior se establece en
los artículos 41, base I de la CPEUM y 19 de la Constitución Política de
Veracruz.
Para el ejercicio de este derecho tenemos que
consultar la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), misma que en sus
artículos 11, 12, 13, 14 15 y 17 enuncia como requisitos: 1) celebración de
asambleas en dos terceras partes de los distritos o municipios, 2) una asamblea
local constitutiva, 3) contar con militantes en al menos dos terceras partes de
los municipios o de los distritos de la entidad, en ambos casos el número total
de militantes no podrá ser inferior al 0.26% del padrón electoral
correspondiente, 4) exhibir los documentos básicos (previamente aprobado por
sus afiliados) y 5) cumplir con sus
obligaciones en materia de fiscalización.
Tales requisitos, se acreditan en varias etapas, no
en un solo momento, pues el legislador previó en la LGPP un procedimiento,
mismo que inicia según sus artículos 10 y 11 al informar de manera escrita a
los Organismos Públicos Locales Electorales su voluntad de forjar un partido en
el mes de enero del año siguiente al de la elección de gubernatura.
Recibido el escrito de intención el Consejo General
analiza, valora y resuelve la solicitud, de ser favorable la organización puede
iniciar con las actividades para reunir los requisitos que la ley exige,
atendiendo siempre al Reglamento y lineamientos del Oplev.
Enseguida, el artículo 15 de la LGPP revela que las
organizaciones presentarán en el mes de enero del año anterior al de la
siguiente elección la solicitud de registro, anexando (a) la declaración de
principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus afiliados;
(b) las listas nominales de afiliados por distritos electorales o municipios y
(c) las actas de las asambleas celebradas tanto las distritales como la local
constitutiva.
Posterior a este acto, los artículos 16 y 17,
detallan las acciones a implementar por parte del Oplev y que se auxiliará del
INE para realizar la verificación de las afiliaciones. El precepto 19, indica
que, la solicitud de registro debe resolverse en sesenta días.
III.
Motivos y razones
a)
La
Constitución Política Federal reconoce el derecho de la ciudadanía para crear
partidos políticos y ordena que en la ley secundaria se fijen los requisitos.
La Constitución Política
Federal es un instrumento político que contiene las reglas del pacto social en
México, en dichas disposiciones, a lo largo del tiempo como nación soberana,
hemos depositado una canasta de derechos que han evolucionado conforme lo ha
hecho el país. Sobre estos derechos, hemos dispuesto que el Estado debe velar
su cumplimiento, con el fin de garantizar a su ciudadanía la consecución del
mencionado pacto social.
En aras de proteger
dichos bienes jurídicos, el Estado emite un conjunto de leyes generales que
norman las bases para el cuidado, preservación y aplicación de estos, dentro
del punto que atañe, se han creado leyes generales para el reconocimiento de
los derechos y las normas que la autoridad administrativa y los sujetos
interesados deben seguir.
En congruencia con lo
anterior, el derecho de asociación política en su vertiente de constitución de
partidos políticos locales cuenta con un marco normativo base, que es la LGPP y
los Lineamientos para la verificación del número mínimo de afiliados a las
organizaciones interesadas en obtener su registro como partido político local,
que emitió el INE mediante acuerdo INE/CG660/2016.
Dado que se trata del
ejercicio de un derecho para crear un partido local, las entidades con base en
la libre configuración legislativa, que les reconoce el artículo 116 de la
CPEUM, tienen la facultad de emitir reglas específicas, por ejemplo en Veracruz
contamos con el Código Electoral, el Reglamento para la Constitución de
Partidos Políticos Locales, los Lineamientos para el procedimiento de
constitución de partidos políticos locales 2019/2020 y los Lineamientos para la
fiscalización de las organizaciones que pretendan obtener el registro como
partido local.
No obstante, las reglas
de aplicación que emita cada legislatura debe hacer eficaz los requisitos que
fija la LGPP, ya que es la herramienta que contiene los elementos base que
deberán cumplir las organizaciones interesadas y no poner más límites al
derecho de asociación que los que fije la ley federal, ello en atención al
principio de igualdad política.
Por lo que cualquier
colisión que pueda surgir entre los Lineamientos del INE, del OPLEV y la LGPP debe
resolverse a la luz de los principios reconocidos en la CPEUM.
En el asunto que nos
ocupa y como más adelante analizaremos, se generó una colisión entre el
articulo 18 numeral 1 de la LGPP, relativo a la doble afiliación, frente a los
principios constitucionales de certeza, legalidad, el debido proceso y el
derecho de asociación política, porque en los Lineamientos de 2016 no se
detalló de manera integral el procedimiento para revisar la doble afiliación
entre organizaciones locales contra las organizaciones políticas nacionales.
Conflicto que se resolvió
atendiendo a la libertad que goza la ciudadanía para construir partidos
políticos, por lo que, desde mi perspectiva, el registro de partidos políticos
en Veracruz se desarrolló de acuerdo a los requisitos formales que fija la LGPP, sin
desviarnos del bien tutelado por la CPEUM, que es garantizar el derecho de
asociación política en su vertiente de constitución de partidos políticos.
b)
La CPEUM
ordena al Oplev resolver la solicitud de registro bajo el principio pro
persona, actuar siempre a favor de la ciudadanía y maximizar el derecho de
asociación política.
Emito este voto porque, como autoridad respetuosa
del marco legal, es mi obligación pronunciarme sobre el registro de partidos
políticos, siempre al amparo de la CPEUM, que me impone a realizar mis
funciones bajo una protección amplia de los derechos humanos. Ya que, como referí en el marco conceptual,
la reforma constitucional de 2011 marcó un antes y un después en la vida
política y jurídica del país.
La reforma transformó la
jerarquía normativa, un tratado internacional en materia de derechos humanos
ahora ya no se ubicaba por debajo o en igual rango que una ley, la constitución
permaneció como ley suprema, pero reconoció y protegió los derechos de las
personas y finalmente, todo ente público debe en su ejercicio tener como
parámetro las libertades, transitando así, hacia un control de convencionalidad
y de constitucionalidad difuso.
Bajo mi pensamiento, nuestro actuar en el registro
de partidos privilegia los derechos políticos-electorales de la organización
involucrada, porque no revisa bajo una visión ortodoxa los requisitos señalados
en la LGPP y en los reglamentos, sino que hace una valoración de la forma más
amplia posible, siempre a la luz del modelo progresista de los derechos
humanos.
Esta
visión progresista se puede observar durante el análisis de cado uno de los
requisitos, vale mencionar que para calificar la realización de asambleas
distritales en dos terceras partes de los distritos o municipios no se tomó en
cuenta el cruce con organizaciones políticas nacionales, pues no se detalló su
procedimiento en los instrumentos reglamentarios, de aplicarlo se hubiese
vulnerado las formalidades del procedimiento y las organizaciones no cumplirían
con el requisito de asambleas, para sustentar tal actuar, se efectuó un control
de convencionalidad y de constitucionalidad.
El
mismo test se aplicó en la verificación del requisito de afiliaciones del
0.26%, pues al no estar contemplado en las reglas secundarias el procedimiento
para realizar el cruce con organizaciones políticas nacionales se optó por no
incorporar dicho dato, esta decisión no hubiese sido posible bajo un estado de
derecho, pero al ubicarnos dentro de un estado
constitucional de derecho, nuestras decisiones tienen que pasar por el
tamiz de los derechos humanos.
Decisión
es acorde con los artículos 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, los cuales aluden a las garantías judiciales, libertades políticas,
igualdad ante la ley y protección judicial, en consecuencia, toda restricción a
las libertades políticas está sujeta a que su aplicación esté debidamente
regulada. En esa misma línea, la Corte Interamericana en los casos Castañeda
Gutman vs. México y Yatama vs. Nicaragua señaló que los derechos políticos-electorales
si bien no son absolutos, los requisitos para su ejercicio o su restricción
deben estar claramente regulados.
Razonamientos
que en el caso que nos ocupa aplican, porque se verificó que las restricciones
a los derechos políticos-electorales estuvieran previstas en la LGGP, en los
Lineamientos y reglamentos, todo esto para no afectar el debido proceso y
restringir indebidamente la libertad de formar partidos.
Acciones
que de forma conjunta demuestran que mi actuar se subordinó al
constitucionalismo garantista, se hizo efectivo el control constitucional, es
decir, me cercioré de que mi decisión fuera acorde con los derechos
fundamentales y principios contenidos en la constitución, pues no basta que una
restricción se encuentre en la ley, sino que debe contar con un esquema claro
de operación.
Dejando
de lado las actuaciones positivas del colegiado y con el fin de efectuar una
retroalimentación al proceso de formación de partidos me gustaría exponer
algunas áreas de oportunidad, en ese tenor considero que el quehacer del Consejo
General pudo perfeccionarse si se hubiera hecho efectiva la garantía de
audiencia sobre el oficio de asambleas y afiliaciones INE/DEPPP/DE/DPPF/4535/2020,
ya que el artículo 18 numeral 1 de la LGPP obliga a tutelar esta garantía
cuando se verifica la doble afiliación y al tratarse de un veredicto podría ser
de interés para la organización involucrada, abona al debido proceso y en su
defecto, le permitiría en un futuro construir su defensa.
En
otras palabras, creo que este documento se vincula a las formalidades del
procedimiento y como razonó la SCJN en las jurisprudencias P./J.40/9622 y
42/2002 tratándose de actos privativos, la ciudadanía debe contar con las
condiciones reales para ejercer su derecho de audiencia, incluso aunque no esté
prevista en la ley, en el tema en estudio tenemos que el oficio de afiliaciones
es valorado para un acto definitivo, mismo que podría ser privativo del derecho
de asociación política.
En
observancia a estos criterios judiciales es que manifesté que lo idóneo era dar
vista a la organización sobre el oficio de afiliaciones remitido por el INE,
para que en el término de 5 días manifieste lo que a su derecho corresponda,
con esta vista se abonaría a respetar las formalidades del procedimiento,
sabría cuál fue el documento base para calificar su grado de representatividad
y no la ubicaría en una situación de vulnerabilidad ante una eventual negativa
de registro, pues contaría con más elementos para defenderse ante la autoridad
jurisdiccional.
Estoy
convencido de que no debiese cargarse la responsabilidad a las organizaciones
de acreditar los requisitos de CPP, en su momento formulé propuesta para hacer
efectiva la garantía de audiencia, dado que estábamos en el tiempo procesal
oportuno, no causaba perjuicio alguno y se evitaba violentar los derechos
políticos- electorales y el debido proceso.
Propuesta
que emana de mi convicción de que las libertades político-electorales se
encuentran dentro de la canasta de los derechos humanos, por lo que es nuestro
menester respetar, proteger, promover y garantizar el derecho de asociación
política, bajo la perspectiva de derechos humanos que reconoce el artículo
primero constitucional. De no hacerlo, me ubicaría en una situación de desacato,
lo cual desde que me integre al colegiado no ha sido mi visión, sino que he
cuidado que mis decisiones siempre superen el principio pro persona.
c)
La CPEUM
ordena al Oplev resolver la solicitud de registro bajo el principio de pugnar por
un sistema plural y competitivo.
En mi opinión, la CPEUM
nos obliga al momento de revisar el cumplimiento de los requisitos para la
formación de partidos observar como bien superior la consolidación de un sistema
plural y competitivo. No olvidemos, que México vivió durante décadas bajo un
sistema mono partidista o de partido único, en el que se realizaban elecciones
sin competencia y con la representación de una sola fuerza política, siendo
hasta 1977 cuando se inició la transición hacia un modelo de partidos políticos
plurales, en donde las elecciones son ampliamente disputadas y la
representación convive y compite dentro de un pluralismo equilibrado.[1]
Para hacer posible el
sistema pluripartidista y competitivo el marco legal nos exige como autoridades
administrativas electorales ejercer nuestras facultades explícitas e implícitas
que nos permitan maximizar nuestras funciones. En el proceso de formación de
partidos 2019/2020 de Veracruz visualizó como segunda área de oportunidad
consolidar nuestro actuar para robustecer el sistema político pluralista.
Proceso que ha estado
marcado por externalidades como son la emergencia sanitaria por causa de fuerza
mayor, ante la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2
(COVID-19) y el oficio de asambleas distritales y de afiliaciones número
INE/DEPPP/DE/DPPF/4535/2020.
Acontecimientos que, si
bien son ajenos al Oplev, impactaron en el procedimiento de validación de
requisitos, a pesar de que se tomaron las medidas para armonizar el derecho a
la salud y la construcción de ciudadanía, desde mi óptica demandaban el ejercicio
de acciones extraordinarias e implícitas que no están escritas en el marco
jurídico, pues no se previó calificar el registro en un contexto de pandemia y
con un oficio que tiene datos informativos.
Al dar lectura
cuidadosamente al oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4535/2020 en la página 7 se describe
“por lo que hace a duplicados con organización en formación como PPN (Columna
“5”). Dichas cifras tienen un carácter informativo, pues la normatividad no
establece alguna previsión al respecto.” Pero, el artículo 18 numeral 1 de la
LGPP de manera expresa enuncia que “para los efectos de lo dispuesto en esta
ley, se deberá verificar que no exista doble afiliación en partidos ya
registrados o en formación.”
Enseguida, en la página 8
aplica el cruce de organizaciones locales contra organizaciones políticas
nacionales y finalmente, en la foja 9 señala que el dato es para fines
informativos dado que la valoración final corresponde al Oplev, en observancia
a lo previsto en el artículo 19 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).
En mi consideración, las
expresiones vertidas en las páginas 7, 8 y 9 podrían generar confusión sobre el
requisito del 0.26% de afiliaciones, porque el legislador plasmó en la LGPP que
compete exclusivamente al INE revisar el cumplimiento de este requisito, por lo
que el Oplev se ocupa únicamente de acatar los resultados del INE, sin que ello
implique valorar el procedimiento efectuado por otra autoridad.
En dicha revisión, el INE
debió verificar la doble afiliación, la cual es una variable que está
estrechamente vinculado con el sistema pluralista y competitivo de partidos y
al derecho de afiliación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) en la tesis XIX/2019 fijó que la restricción de militar en
más de un partido político es constitucional.
Del mismo modo, en la
sentencia SUP-RAP-69/2017 definió al derecho de afiliación como la potestad de
formar partido (no formar, conservar, ratificar o desafiliarse) y pertenecer a
este con todos los derechos inherentes a tal pertenencia.
La afiliación argumenta
el TEPJF, está sujeta a las reglas fijadas por el legislador, las cuales no se
traducen en una vulneración a la libertad política, toda vez que las reglas
obedecen a la necesidad de permitir el adecuado funcionamiento del sistema de
partidos y afiliarse a un partido implica adquirir obligaciones con dicho
instituto político, mismas que no podrán cumplirse si hay doble afiliación.
De igual modo, el
tribunal en la sentencia citada refiere que la reforma de 2014 facultó al INE
en coordinación con los OPLES para revisar que no exista doble afiliación, lo
que condujo al INE a expedir los Lineamientos para la verificación en 2016.
Tenemos así, que la
revisión de afiliaciones trascendental, porque la doble afiliación vulneraría
el principio de igualdad y de equidad en la contienda, los doble afiliados
podrían competir a cargos de elección a través de dos partidos; iría contra la
naturaleza de libre afiliación, que consiste en que la ciudadanía elija al
instituto político que le permita alcanzar sus aspiraciones políticas.
Por el contrario, facilitar
la doble afiliación impulsaría a que los afiliados no se comprometan con los
fines de su partido, haría ineficaz el sistema partidista y la existencia de
muchos partidos no se traduciría en mayor pluralismo, al tratarse de las mismas
personas.
Si atendemos a estos
razonamientos judiciales, el oficio de asambleas y afiliaciones el INE debiese
pronunciarse de manera clara sobre la revisión de la doble afiliación y no dejarlo
a merced del Oplev, toda vez que esta situación no estaba prevista en la ley,
ni en los reglamentos aplicables había duda razonable sobre los alcances de su
respuesta y se tenía que emplear las facultades implícitas que como autoridad
electoral tenemos.
Lo anterior, encuentra fundamento
en la jurisprudencia 16/2010 del TEPJF, que señala que para garantizar el
ejercicio de los derechos políticos electorales la autoridad electoral cuenta
con una serie de atribuciones explícitas, para que estas sean funcionales y
eficaces la autoridad puede ejercer las facultades implícitas que resulten
necesarias.
En mi sentir, el criterio
enunciado aplica al caso, el Oplev para emitir su decisión de otorgar o negar
el registro debe contar con todos los elementos técnicos y calificarlos bajo el
sistema de partidos políticos, ya que la facultad última de esta autoridad
según lo establecido en el artículo 41 constitucional es impulsar un sistema
partidista plural y competitivo.
Desde mi perspectiva,
este mandato nos obliga como órganos electorales a propiciar escenarios para un
acceso oportuno a esta vía de representación, al pluralismo de ideas y propulse
la participación de la ciudadanía, por lo que al contar con un oficio más
preciso sobre la revisión de la doble afiliación se dotaría de certidumbre y
legitimidad a las ideologías políticas vigentes.
Además, la ciudadanía,
las entidades de interés público y demás actores políticos tendrían la
seguridad de que con el registro de nuevos partidos se fortalece en términos reales
el sistema de partidos, ya que habría en la cancha más propuestas de
gobernanza, no en términos formales que puede elevar el factor cuantitativo de
representación de la ciudadanía, más no de competitividad.
V.
Conclusiones
Como
se analizó en este voto y bajo mi óptica, como autoridad administrativa estamos obligados
constitucionalmente a emitir nuestras decisiones bajo el principio pro persona. Por lo que voté a favor del
registro de partidos, ya que, si bien es cierto que la Constitución Política
Federal permite a través del derecho de asociación crear partidos políticos,
sus leyes generales norman los requisitos formales para su constitución.
Sin embargo, precise que a hora de resolver la
solicitud de registro se debe aplicar la ley no de manera estricta y aislada,
sino que debe en todo momento observar a un bien mayor, que es el derecho de la
ciudadanía a formar partidos políticos.
Hice patente que en caso de colisión entre la ley
adjetiva y la sustantiva se debe optar por lo que establece la CPEUM, que es el
derecho de asociación y la obligación de que en nuestros actos se tutelen los
derechos humanos, se actué en favor de las personas de la manera más amplia
posible, expuse que el Oplev así lo hizo.
De igual forma, a la hora de supervisar el
cumplimiento de los requisitos se debe pugnar por un sistema de partidos
políticos plural y competitivo. Ello implica, que los obstáculos o vacíos de
ley que durante el procedimiento se susciten no se pueden atribuir a las
organizaciones, ellas tienen como única tarea competir por el registro respetando
las reglas fijadas por la legislatura.
De esta manera, en la revisión de requisitos se
atendió el sistema de interpretación conforme a la ley en sentido amplio, el
principio pro persona y la visión
progresista de derechos humanos que consagra el artículo primero
constitucional. Ello permite que la decisión del colegiado supere los controles
de constitucionalidad y de convencionalidad.
Por último, abordé las áreas de oportunidad que este
proceso de formación de partidos nos dejó, en primer lugar, expuse que no se
agotaron los tramos de control al no solicitar al INE que precise y aclare el
oficio de afiliaciones hubiese fortalecido la decisión del colegiado; en un
segundo momento, manifesté que se pudo perfeccionar el debido proceso, si se
hubiera dado vista a la organización involucrada sobre el oficio citado y
aclare el oficio de afiliaciones, cuestión que desde mi punto de vista, no
causarían daño alguno, sino todo lo contrario serían acorde a los principios de
objetividad, certeza, legalidad, debido proceso y al constitucionalismo
garantista.
Consecuente de que dichas actuaciones no tuvieron
lugar, estimé conveniente abordar la importancia de que en la calificación de
requisitos la ley no se aplicará de forma estricta, pues las deficiencias no
subsanadas no atañen a la organización involucrada, igualmente abogué por que
se respetarán los derechos políticos-electorales y que se impulsara el sistema
pluralista de partidos, esto obedece a que son dos principios reconocidos por
la CPEUM y la Convención Americana de Derechos Humanos.
En síntesis, considero que mi voto no es una hoja en
blanco, sino que se sostiene en una visión amplia de los derechos humanos que
no puede ser opacada por una visión formal o legal del derecho, al examinar cada
requisito se verificó que este contara con reglas procesales claras y que toda
restricción superara el test de constitucionalidad.
Ello hace posible la existencia del estado constitucional de derecho, se
deja de lado la visión formalista del principio de legalidad, en el que basta
para la validez de una ley que haya sido emitida por la autoridad competente,
lo central es que nuestra actuar como poder público respete la frontera de los
derechos fundamentales y principios contenidos en la Constitución Política
Federal.
[1] José, Woldenberg. (25 de junio
de 2014). Transformaciones del régimen de gobierno en México. Recuperado de:
https://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=94
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