Febrero 27, 2020 I Xalapa, Veracruz
Clave: OPLEV/CG027/2020
Voto razonado que presenta el consejero electoral Juan Manuel
Vázquez Barajas respecto al acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se actualiza el supuesto de
excepción previsto en el cronograma aprobado mediante acuerdo OPLEV/CG004/2020
y en consecuencia se actualizan los plazos para la verificación de las
solicitudes de registro como partido político local presentadas por las
organizaciones: “Podemos”, “TXVer A.C.”, “Bienestar y Justicia Social” y
“Unidad Ciudadana”.
I.
Introducción
De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 99, 100, 101
fracción IX, inciso c), 102, 108 y 110, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz; 9 inciso c) y 43, numerales 3 y 4 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
(Oplev), emito el presente voto razonado bajo las siguientes consideraciones.
El 06 de marzo de 2020, se presentó en sesión extraordinaria urgente en
el orden del día número dos, el proyecto de acuerdo del Consejo General del
Oplev, por el que se actualiza
el supuesto de excepción previsto en el cronograma aprobado mediante acuerdo
OPLEV/CG004/2020 y en consecuencia se actualizan los plazos para la
verificación de las solicitudes de registro como partido político local
presentadas por las Organizaciones “Podemos”, “TXVer, A.C.”, “Bienestar y Justicia Social” y “Unidad
Ciudadana”.
En términos generales y con lo expresado en la votación emitida, acompaño
la aprobación del acuerdo presentado, considero que como autoridad administrativa
es nuestro menester y obligación legal cumplir con lo establecido en la
normatividad en relación a la constitución de partidos políticos en Veracruz.
Por otra parte, también es cierto que para que esta autoridad
administrativa determine lo conducente, requiere contar con los elementos
necesarios para poder fundar y motivar la respuesta que en derecho corresponda a
la solicitud de las organizaciones que pretendan constituirse como partidos
políticos locales.
En razón de lo anterior, fundamento mi voto bajo
la hipótesis de que el sistema electoral y de partidos en México establece una
serie de requisitos y procedimientos que las organizaciones de ciudadanos deben
cumplir para obtener su registro como partidos políticos, por lo que de no
haber un dictamen del número de afiliados por parte del Instituo Nacional
Electoral (INE), el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz (Oplev) ajustó lo necesario en uso de sus facultades explícitas
e implícitas, bajo parámetros de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad y
con el fin de generar transparencia y certidumbre a todos los actores
involucrados.
II.
Marco teórico conceptual
a)
Requisitos para la constitución de
partidos políticos locales.
De acuerdo a la LGPP, en su artículo 10, 11 y 12, las organizaciones que
desean constituir un partido político deben acreditar que cuentan con una declaración
de principios, un programa de acción y sus estatutos, que cuenten con un
mínimo de militantes en el estado equivalente al 0.26% del padrón electoral, hayan
celebrado asambleas en dos terceras partes de los distritos electorales o
municipios del estado; que celebraron una asamblea local constitutiva y que cumplieron
con los requisitos de fiscalización.
b)
Distribución de competencias entre el
INE y los OPLES respecto al registro de partidos políticos locales.
De acuerdo a la LGPP y al Código Electoral, el Oplev tiene como facultad
expresa lo relativo a la constitución de partidos políticos locales, en
específico como ente encargado de la recepción, verificación y determinación de
dicho procedimiento.
Por su parte,
corresponde al INE informar si
las organizaciones interesadas cumplen con el mínimo de afiliaciones de 0.26% y
remitir el estado que guardan todas y cada una de las afiliaciones aportadas por
las organizaciones, dicha tarea le compete en razón de que es el responsable del
padrón de electores y del padrón de afiliados de los partidos políticos
nacionales.
c)
Temporalidad para la determinación
respecto a solicitudes para conformar nuevos partidos políticos.
El artículo
19 de la LGPP regula los plazos en que el Consejo General del Oplev debe
resolver sobre el otorgamiento o no del registro de partido político, en ese
sentido la fracción I fija que se deberá elaborar el proyecto de dictamen y
resolverá lo conducente dentro del plazo de sesenta días contados a partir de
que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro.
Enseguida,
en la fracción II, el legislador estableció que el registro surtirá efectos
constitutivos a partir del primero de julio previo al de la elección.
III. Motivos y
razones
a)
El Consejo General del OPLEV tiene facultades explícitas e implícitas a
fin de garantizar el buen término del procedimiento de registro de nuevos
partidos.
Bajo el
entendido de que el Consejo General es la autoridad constitucional y legalmente
competente para resolver las solicitudes de registro de las organizaciones que
pretendan constituirse como partido político local, y que bajo esas
consideraciones, el presente acto de autoridad cumple con las disposiciones
constitucionales para el correcto funcionamiento de la autoridad electoral, que
se genera al amparo de la jurisprudencia 16/2010 y de las fracciones II y VII
del artículo 108 Código Electoral, considero relevante razonar las facultades
explícitas e implícitas que atañen a esta autoridad al respecto del presente
acuerdo.
En ese
sentido, acompaño el presente acuerdo, pues desde mi perspectiva considero que
el órgano electoral debe ejercer ciertas facultades implícitas, que resulten
necesarias para resolver una problemática que se ha presentado de forma
extraordinaria. Considero de esta forma, que al no contar con un requisito
respecto al mínimo de militantes por organización en el estado, lo idóneo es
tomar las medidas implícitas necesarias que el Consejo General tiene para
allegarse de esa información y estar en condiciones de dictaminar conforme a
derecho.
Desde mi
perspectiva, como órgano máximo de dirección y encargado de la función
electoral de organizar elecciones en el estado de Veracruz contamos con la
atribución de remediar e investigar de manera inmediata cualquier situación
irregular que pueda afectar la contienda electoral y sus resultados o que hayan
puesto en peligro los valores que las normas electorales protegen. Bajo esta lógica,
considero que el acuerdo en comento acredita la necesidad material y jurídica final
de este acuerdo a fin de asegurar a las y los ciudadanos el pleno ejercicio de
los derechos políticos electorales y de manera general por que todos los actos
en materia electoral se encuentren sujetos a la regulación pertinente.
Por su parte,
considero que la regulación contenida en el Código Electoral, en su artículo
108 fracción II, faculta al Consejo General para expedir todo aquel lineamiento
o regulación oportuna y necesaria en la resolución de temas que sean del ámbito
de atribución del colegiado. Bajo esta característica, creo que el acuerdo en
comento, fundamenta jurídicamente aquellas atribuciones explícitas que permiten
al CG del Oplev velar por el correcto desarrollo del proceso de registro de
nuevos partidos políticos.
Con la emisión de este acuerdo, el Consejo General cumple a cabalidad
con el principio de legalidad, pues sustentado en la jurisprudencia 16/2010 y
en las atribuciones marcadas en los fracciones II y VII del Código Electoral del Estado de
Veracruz, se utilizan las atribuciones explícitas e implícitas del colegiado en
velar por un ajuste que permita contar con la totalidad de elementos para tomar
una determinación que se sustente y resguarde el cumplimiento de los principios
de la función electoral.
b)
La adecuación del plazo para determinar la constitución de nuevos
partidos políticos es una medida necesaria, razonable e idónea.
Actualizar
los plazos para la dictaminación de las solicitudes de las organizaciones para
la constitución de partidos políticos locales es congruente con el marco jurídico, dado que respeta el debido proceso de la
constitución de partidos políticos locales, las facultades del Oplev y libertades
políticas de las organizaciones, por tanto, considero que la emisión de dicho
acuerdo pudiese supera el test de proporcionalidad.
Conforme a la tesis: 1a. CCCXII/2013 la primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que cuando se afecten derechos
humanos o derechos fundamentales, debe hacerse un examen de constitucionalidad,
el cual señala la 1a. CCLXIII/2016 (10a.), debe realizarse con base en un
método específico y que se ocupa de verificar que la intervención legislativa
tenga: un fin legítimo, sea idóneo, necesario y proporcional.
En
ese sentido, considero que la emisión del presente acuerdo, mediante el cual se
ajusta el plazo fijado por el colegiado para la verificación del cumplimiento
de requisitos por parte de organizaciones que pretendan constituirse como
partidos políticos a nivel local, cumple con un fin legítimo, pues en el caso que nos atañe, el legislador estableció que el Oplev es el
responsable del procedimiento y determinación sobre la solicitud de
constitución de nuevos partidos políticos locales, por lo que, con la
actualización del plazo, estaríamos en condiciones para poder tomar una
determinación sobre las solicitudes presentadas.
Por otra
parte, considero que la actualización del plazo cumple con el requisito de
idoneidad, pues se busca cumplir con la tarea
encomendada por el legislador, de pronunciarse con elementos suficientes sobre
la solicitud de constituirse como partido político local. Por lo que al no
contar con un requisito que la LGPP exige y que es proporcionada por otra autoridad,
lo procedente es continuar con las gestiones necesarias para allegarse del
cruce final.
A su vez, la
actualización del plazo cumple con el requisito de necesidad, pues desde mi óptica, el acuerdo busca salvaguardar la certeza y
generar condiciones para que el Consejo General haga un ejercicio pleno de la
facultad de resolver las solicitudes de constitución. A su vez, no existe hasta
el momento otra medida legislativa que asegure la disposición por otro medio de
los elementos necesarios para lograr la determinación buscada.
Por último, la
emisión del presente acuerdo cumple con el requisito de proporcionalidad, pues el
grado de realización del fin perseguido es mayor a la afectación causada al
derecho fundamental, a contrario sensu, sólo
podría limitarse un derecho fundamental si también fuese muy grave el daño
asociado a su ejercicio.
En mi
opinión, esto conlleva a la ponderación de dos principios que compiten en un
caso concreto, mediante la verificación de si los beneficios esperados
justifican los costos generados; y en el caso de la actualización no le genera
daño alguno a ninguna de las organizaciones, toda vez que el fin primordial es
contar con los elementos para determinar si cada una de ellas, cumplió
cabalmente con los requisitos y obtener de esa forma la calidad de partido
político.
Bajo esa
tesitura en el caso de la actualización del plazo fijado por el Consejo General
hallamos que cumple con el criterio de proporcionalidad; pues busca que las organizaciones
tengan pleno conocimiento de los elementos con lo que se les evalúa y que las
autoridades que intervienen en el procedimiento cuenten con los elementos para
pronunciarse, lo cual no genera daño alguno, cuestión que pudiera actualizarse si
el CG resolviese sin elementos que hoy no tiene, situación que vulneraría el
fin primordial de la constitución de partidos políticos y el derecho a
asociarse.
c)
La emisión del acuerdo genera transparencia y certidumbre para todas
las organizaciones políticas del estado
En mi
perspectiva, con la emisión del presente acuerdo el Consejo General define de
forma clara e imparcial, los plazos con los que se dispondrá para cumplir a
cabalidad y con los insumos legales necesarios las determinaciones que como
colegiado estamos obligados en materia de constitución de partidos políticos a
nivel local. No haber generado un acuerdo con estas características, hubiese
significado que el CG del Oplev hubiera vulnerado derechos fundamentales de
quienes así han mostrado interés.
Ante la
situación presentada y analizada a lo largo del acuerdo en comento, con el fin
único de garantizar total transparencia y certidumbre a los interesados, el
acuerdo recoge la diversidad de acciones que este Oplev generó en cumplimiento
a su deber legal.
En ese
sentido, se brinda a las organizaciones total certeza de las resoluciones que
se tomarán ya que, ante la imposibilidad material para la emisión de una
determinación en la fecha establecida dentro del acuerdo OPLEV/CG004/2020, es
necesario actualizar los tiempos para que este Oplev se pronuncie una vez que
cuente con todos los elementos, ello le permitirá fundar y motivar la
determinación.
En lo que
respecta a los partidos políticos, integrantes del Consejo General, estos han
sido partícipes tanto en la sesión de Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos como de la sesión del Consejo General donde se discutió la propuesta
de actualización, garantizando en todo momento que ellos contaran con la
información relativa al tema y brindando certeza de las acciones tomadas por el
Oplev.
V.
Conclusiones
Considero oportuno señalar que, sustentado
en la propia regulación de materia y de conformidad a diversas tesis
jurisprudenciales, los órganos colegiados contamos con facultades explícitas e implícitas
que nos facultan a emitir determinaciones en la búsqueda por solventar
cuestiones fuera de lo ordinario.
Bajo mi
razonamiento, el acuerdo se ha presentado de tal forma que se acredita, por una
parte, las acciones que el Oplev ha emprendido entorno a contar con los insumos
necesarios para la determinación respecto a las organizaciones que pretenden
constituirse como partidos políticos, y por otra parte, acredita la necesidad
material y jurídica por la que se ajustan los plazos del acuerdo OPLEV/CG004/2020
en total congruencia con nuestras atribuciones legales y en vigilia de los derechos
políticos electorales de los diversos interesados en este procedimiento.
Por otro parte, bajo el principio
fundamental del derecho de que nadie está obligado a lo imposible, este Consejo
General genera un acto de autoridad por la que adopta medidas extraordinarias
ante la situación que se presenta, situación que concuerda con la
jurisprudencia 16/2010 y las regulaciones de la materia dentro del Código
Electoral. De esta forma, se vota un acuerdo que ampara y acredita la
necesidad, idoneidad y proporcionalidad y que de forma oportuna pudiese superar
cualquier test de proporcionalidad.
La adecuación del plazo para
determinar la constitución de nuevos partidos políticos es idónea porque busca
tener el tiempo para allegarse de los elementos faltantes, es necesaria al no
contar con los elementos para pronunciarse y es proporcional porque no afecta
los derechos de las organizaciones y propicia que el Oplev pueda contar con los
insumos necesarios para la verificación de los requisitos legales.
Por tanto, considero que la emisión
del presente acuerdo genera un piso de transparencia, certidumbre y cancha
pareja para todas las organizaciones políticas del estado, tanto las actoras
como las demás interesadas, pues se garantiza que las decisiones de este órgano
colegiado sean tomadas con elementos objetivos.
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